El astuto empate de la derecha

Hace unas semanas se retomó el debate acerca del indulto general que había propuesto la Iglesia Católica con motivo del Bicentenario. Los detonantes fueron el trágico incendio de la cárcel de San Miguel y las posteriores declaraciones de miembros de Corte Suprema, que señalaron que las cárceles estaban colapsadas y que era urgente hacer algo. Las calificaron incluso como "bomba de tiempo".
Dicho sea de paso, Chile es al país con mayor número de presos por habitante en América Latina. Imagino que ello significará también algo, más allá de la necesidad de construir más cárceles.
Con su agudeza habitual, Alberto Cardemil, diputado de la derecha desde 1994 y conocido colaborador de la dictadura de Pinochet, propuso incluir en el indulto a los militares detenidos por violación a los derechos humanos.
La movida fue genial, en una sociedad en la que nadie se atreve a llamar las cosas por su nombre y estamos dispuestos a hacer cualquier componenda con tal de aparecer todos de acuerdo frente al "proyecto país".
Piñera recogió el guante y señaló que la distinción debe estar no en si el condenado es civil o militar, sino en la gravedad del delito.
Ni tontos ni perezosos, rápidamente los militares se subieron al carro. Estos, representados por el general Fuente-Alba, agregaron un nuevo argumento: "los militares también son chilenos", por lo mismo, deberían ser beneficiarios del indulto.
La movida de la derecha es astuta. A través de esta propuesta consigue dos cosas. Por una parte, volver implícitamente a la tesis de que lo ocurrido fue una guerra. Por otra, poner a la misma altura dos tipos de delitos, que en casi cualquier país, no lo están. El delito común es una cosa, la violación a los derechos humanos, otra. Ni siquiera debería conversarse sobre esto.
La violación de los derechos humanos corresponde a un delito especial y tiene una gravedad mayor por una razón elemental: quienes lo cometen han sido comisionados por el propio Estado para proteger a la ciudadanía, no para asesinarla, torturarla o vejarla. Es esa la razón por la cual la sociedad les entrega armas y atribuciones para usar la violencia legítima. Así, cuando se usan contra la propia población se desvirtúa su propósito y se hace en una forma completamente desproporcionada, ya que ésta, en general, no tiene cómo defenderse. Ahí su gravedad.
Por otro lado, con esta movida se vuelve sobre la idea de que hubo "caídos de ambos lados", como si lo sucedido hubiera sido una guerra y no una masacre. Recordemos las macabras cifras recopiladas por distintas comisiones y organismos de derechos humanos: 3.000 muertos y desaparecidos, 28.000 detenidos y torturados, y 500.000 exiliados. Y salvo algunos combates aislados en el Paseo Bulnes y otros lugares, no hubo enfrentamientos.
¿O era acaso un fusil lo que usaba Víctor Jara antes que le cortaran las manos y lo asesinaran en el estadio que hoy lleva su nombre?
No es aceptable que la derecha intente este empate una vez más. Mucho menos que no se le critique masivamente.
Tal vez el general Fuente-Alba tenga razón en su argumento de que también los militares y civiles que violaron derechos humanos son chilenos, pero habría que recordarle que no actuaron como tales cuando decidieron matar, torturar y exiliar a sus propios compatriotas, amparados en el poder que el Estado les dio para defenderlos.