jueves, 4 de agosto de 2016

¿Se repite la historia?

El siglo XX chileno despertó remecido por los movimientos sociales.
Se estima que entre 1902 y 1908 hubo 94 huelgas, movimientos, manifestaciones y levantamientos, en diversos campamentos mineros, ciudades y pueblos del país. En el período siguiente, 1910-1930, fueron unas 580 las huelgas contabilizadas.
Entre ellas hubo algunas que no deberían ser olvidadas, por su significación y alcance. Como la de los gremios portuarios de Valparaíso en 1903, que sólo pudo ser contenida por la fuerza de las armas, con un saldo de varias decenas de obreros muertos.
A ella siguió la "huelga de la carne", de 1905, en la que el pueblo se apoderó por 48 horas de Santiago y terminó pagando con más de 250 fallecidos los costos de su alzamiento.
Un punto culminante fue, como todos sabemos o deberíamos saber, la carnicería de Santa María de Iquique, en 1907. En ella, se calcula que entre 3 mil y 10 mil obreros salitreros murieron ametrallados por las tropas del Coronel Roberto Silva Renard; quien ya había demostrado su valía reprimiendo a los huelguistas de 1905.
Esos movimientos y la desesperación de las élites de la época por contenerlos, se extendieron hasta la década del 30, en que se alcanzaron ciertos arreglos políticos y sociales que restituyeron una razonable estabilidad institucional.
Lo que estaba sucediendo entonces no era otra cosa que el desborde de la realidad que la oligarquía había construido para su propio beneficio, a costa de la explotación y exclusión de importantes sectores de la sociedad.
En otras palabras, era el fin de un modelo de producción y apropiación que venía desde el siglo XIX.
Lo que estamos viviendo en el Chile de hoy - pienso - no es muy diferente de lo ocurrido hace cien años, con variaciones, evidentemente.
El modelo de acumulación financiera que se diseñó en la década de los 80, en beneficio de un reducido número de ciudadanos, está llegando a un límite.
No es - como piensan algunos - que fracasó. Al contrario, fue extremadamente exitoso en generar estructuras productivas y riqueza para quienes lo administran.
El problema es otro: a la gente se le hace cada día más difícil seguir tolerando las injusticias sobre las que funciona, como los sueldos de hambre, las pensiones miserables, el endeudamiento usurero con instituciones financieras, casas comerciales y supermercados, la precaria atención de salud y la educación indigna, entre otras decenas de ejemplos.
A esto hay que agregar la bronca que provoca el desenfreno con que muchos de quienes han llegado a cargos públicos, afirmando cautelar los intereses ciudadanos, han hecho de rapiñar al Estado un oficio.
De manera lenta pero creciente, el pueblo ha recuperado la calle como forma de expresión civil. Desde ella ha hecho sentir su descontento y ha comenzado a presionar por una mayor integración social, política y económica. Esto ha provocado desconcierto en la clase dirigente y en el gran empresariado, que ven con desazón que sus llamados al orden y a la obediencia, ya no dan resultados.
Presos del temor a la poblada e imposibilitados de concebir el país como una sociedad de iguales, en la que una distribución equitativa de la riqueza sería un acto de justicia, no ven muchas salidas como no sea predecir el quiebre institucional y la crisis moral de la república, como también lo hiciera Enrique Mac Iver en 1900.
Curiosamente, en esa época fueron los conservadores quienes comprendieron que no se podía seguir adelante y hacia 1918 propusieron una serie de leyes que fueron la base de la legislación social aprobada entre 1924 y 1931.
No ha sucedido lo mismo cien años después. Nuestras actuales élites, mucho menos ilustradas que las de antaño, no han podido o no han querido interpretar lo que está sucediendo de una manera más profunda. No tienen las herramientas ni la generosidad para ello.
Tampoco para ver que el riesgo mayor que corren no es, como hace un siglo, que el pueblo se apropie de las calles, sino que sea el populismo quien lo haga, aprovechando este descontento para alzarse como una opción política plausible y hasta deseable.

martes, 19 de julio de 2016

La incomprensible generosidad de la Comisión Nacional de Acreditación

Imagine el lector, por un instante, que es Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación; aquella institución que por mandato legal carga con la pesada responsabilidad de promover y fomentar la calidad de la siempre maltratada educación superior chilena.
Imagine el lector, además, que en el ejercicio de tan alta función, debe presidir una sesión en que se decidirá si se renueva o no la licencia de una Agencia de Acreditación. Como Presidente, usted bien sabe que tales agencias tienen a su cargo la acreditación de carreras de pregrado y programas de magíster, de acuerdo a los criterios que la institución a su cargo ha definido. Por lo tanto, son las garantes de la rigurosidad de los procesos de aseguramiento de la calidad que, en su nombre, se llevan a cabo.
Esta sesión de la que hablamos tiene lugar – pongamos una fecha cualquiera – el 9 de marzo de este año. Comienza con una extensa presentación del relator, en la que se expone el estado de las numerosas observaciones que se había hecho a la agencia en cuestión en noviembre de 2015, cuando por unanimidad se rechazó la renovación de su licencia.
Luego de analizar detenidamente la nueva solicitud los resultados fueron los siguientes: de las 25 observaciones formuladas, la agencia respondió satisfactoriamente 4 (16%), parcialmente a 8 (32%) y no dio respuesta a las restantes 13 (52%). Es decir, no solucionó el 84% (21) de las mismas observaciones que en noviembre del año pasado habían llevado a la Comisión Nacional de Acreditación a negarle la autorización para seguir funcionando.
Terminada la lata relatoría se  procede a la votación que definirá el futuro de la agencia peticionaria, pero sobre todo tal votación dará cuenta si el funcionamiento del sistema es real, efectivo y probo.
Imagine ahora el lector, que el resultado de la democrática votación que sigue a la relatoría  termina en un empate, con la siguiente distribución de votos:

A favor
Designado/a por
Jaime Alcalde
Los Institutos Profesionales
Hernán Burdiles
El Sector Productivo
Víctor Fajardo
El CRUCH
María Fernanda Juppet
Las Universidades Privadas
Blanca Palumbo
Las Universidades Privadas
Alejandro Weinstein
Los Centros de Formación Técnica

En contra
Designado/a por
Dora Altbir
El CRUCH
Víctor Cubillos
El CRUCH
Fernando Escobar
Una Asociación Disciplinaria o Profesional
Ezequiel Martínez
Representante Estudiantil
María de la Luz Mora
CONICYT
Javier Ruiz del Solar
CONICYT

Ahora, en este supuesto escenario, es usted estimado lector, en uso de su soberana potestad como Presidente de la Comisión el que ha de dirimir el empate.
Con tales antecedentes a la vista y en la mano ¿cómo votaría, si de verdad le interesara cautelar la calidad de la educación superior del país y no los intereses corporativos de un segmento de instituciones?
Dejemos hasta ahí este ejercicio imaginario y concedamos ahora la palabra a los hechos reales: el actual Presidente de la CNA, Alfonso Muga, votó a favor de la renovación por 7 años de la licencia de la Agencia Acreditadora de Chile. Esto, aunque tal agencia había cumplido satisfactoriamente con apenas el 16% (4 de 25) de las observaciones que se le había hecho cuando se rechazó su primera solicitud.
En estos tiempos tan pródigos en sospechas, sería importante conocer las razones de este voto, a fin de comprender mejor cuál es el criterio de “aseguramiento de la calidad” con que el señor Presidente Muga conduce la CNA y que lo llevaron a realizar tan generosa concesión.

martes, 24 de mayo de 2016

La falsa misericordia

Desde hace ya algún tiempo se abre paso la idea de que, a partir de cierta edad, los presos deberían ser liberados y enviados a sus casas, a envejecer y morir en paz.
No está claro el número de años: 70, 75, 80. Tal vez más, tal vez menos.
Argumentos a favor de esta propuesta sobran: lo inhumano de estar preso a esa edad, las condiciones lamentables de la cárceles chilenas, la piedad que toda persona merece al fin de sus días, y así suma y sigue.
Esta discusión ha sido especialmente aprovechada por los que defienden a quienes, amparados en la impunidad que la dictadura les otorgaba, violaron sin ninguna consideración similar, los derechos humanos de sus compatriotas.
Una vez más se pide a las víctimas y a la sociedad en general, que tengan por sus victimarios una misericordia que estos últimos no tuvieron, ni les interesaba tener.
Insistir en la prisión de esa gente, señalan quienes apoyan esta idea, es abandonarse a la sed de venganza, en lugar de buscar justicia.
Las conclusiones que de esta discusión se derivan son muchas. Las más de ellas de carácter moral y, por lo mismo, de difícil consenso.
A fin de evitar divagaciones demasiado ajenas a mis terrenales preocupaciones, optaré por plantear algunas preguntas, en lugar de intentar interpretaciones que pudieran estar erradas.
La primera es bastante obvia, pero prefiero señalarla, aun a costa de parecer simplón. ¿Qué sucederá con aquellas personas que cometan delitos y que hayan cruzado el umbral establecido para ser susceptibles de ser enviadas a prisión? ¿Haremos como que el delito no existió y las dejaremos libres? O ¿haremos el proceso para demostrar que el estado de derecho funciona y luego las dejaremos libres, para reafirmar que el estado de derecho funciona?
Tal vez la gente de esa edad no delinque, pero es mejor prever esta situación para saber como enfrentarla en caso que se llegue a producir.
La segunda pregunta es un poco más compleja, pero es probable que en la profunda caja de pandora de la política chilena exista alguna respuesta rápida y certera. ¿Qué hacemos con aquellas personas que siendo hoy mayores de 70 o 75, cometieron crímenes que afectaron a personas de esa edad o similares? 
El Informe Rettig consigna 28 víctimas mayores de 60 años, 6 de los cuales tenían más de 71 años. El Informe de la Comisión Valech, por su parte, reconoce a 204 torturados mayores de 60 años.
¿Por qué quienes cometieron esos delitos no pensaron en la edad de sus víctimas? Claramente ellas ya estaban cercanas o sobre los años de jubilación y, por tanto, era esperable que estuvieran en camino a convertirse en adorables ancianos, merecedores de un acogedor reposo. ¿Por qué, entonces, tortularlos, matarlos o desaparecerlos?
Por último quisiera plantear una pregunta que me parece un poco más compleja que las anteriores. Para ilustrarla, recurriré a un ejemplo reciente.
En julio del año pasado, los tribunales alemanes conderaron - sin consideración de ningún tipo - al nonagenario Oskar Gröning (94), a 4 años de prisión. En su calidad de contador del campo de concentración de Auschwitz, se le acusó de complicidad en la muerte de más de 300 mil judíos. Que vaya a la cárcel o no, dependerá de que la propia justicia determine si está en condiciones de ello.
Este ejemplo me obliga a pensar en una imagen inversa: en la enorme vitalidad con que personas de 70 y 80 años disfrutan de la extensa oferta de viajes de la tercera edad y a quienes - por las consideraciones anteriores - se les debería recomendar quedarse en su casa, a esperar una muerte tranquila y digna, en lugar de andar vagando por el mundo.
La pregunta, entonces, sería, ¿cómo hemos llegado a un punto en que podemos suponer que la edad por sí misma exime de purgar culpas? Y esta pregunta no tiene que ver con el supuesto propósito reeducativo de la cárcel, sino con la obligación que toda sociedad debe autoasignarse, de fijar límites y sanciones al comportamiento de sus integrantes, con independencia de la edad u otras consideraciones arbitrarias.

jueves, 21 de abril de 2016

Reflexiones por la muerte de Patricio Aylwin

por Javier Pinedo

Cierta tarde de mediados de los años 80 en Santiago de Chile, al intentar subirme a un tren que viajaba a Talca, un hombre delgado y alto se acercó al carro con la intención de montarse en él. Lo reconocí y era Patricio Aylwin, le di la pasada y le dije: Suba porque usted va ser presidente de Chile. Me miró y sonrió amablemente.
No fue un acto de imaginación muy extremo: era fácil darse cuenta que a pesar de la represión violenta de los últimos años, a la dictadura le quedaba poca pólvora. También era fácil darse cuenta que el país, el pueblo, las mayorías, buscarían una solución intermedia. Pero, no era tan fácil saber que la opción sería Aylwin, un líder más bien retraído, en comparación con la figura de Frei Montalva, o de Valdés Subercaseaux, o del mismo Ricardo Lagos que venía avanzando muy fuerte. Eso nadie lo podía saber. Tampoco de qué tamaño sería el grupo de partidos que se opondrían a la dictadura, es decir había dudas en el ambiente, con las incertidumbres de los años 80, que felizmente permitió botar con un lápiz, como se decía, a la dictadura.
Fueron años duros en los que se debió utilizar mucha inteligencia política para superar el problema principal que era que Pinochet y sus asesores más cercanos, nunca quiso dejar el poder.
En estos días ha fallecido Patricio Aylwin después de una vida política bastante admirable y que en muchos sentidos le hace bien al país.
La prensa ha recogido las declaraciones de los testigos, las palabras de Aylwin en ciertos momentos de la historia, los hechos principales de su gobierno y otros aspectos de su vida e ideas.
En el conjunto de artículos y declaraciones que he leído, echo de menos, y no sé bien definir qué echo de menos, pero me parece que no se ha mencionado una posición más política cercana a las posiciones en juego y a los actores sociales de la época. O más bien, echo de más que todo pareciera reducirse a las relaciones personales de Aylwin con ciertas figuras de la política y en este sentido me parece que la prensa de derecha ha concluido por realizar una cooptación de su figura por los mismos que ayer fueron sus enemigos: que prefirió a Pinochet que a Allende, que era cercano a Jaime Guzmán, que fue el presidente de la transición, que supo gobernar con firmeza cuando se necesita y la frase muletilla, “… en la medida de lo posible”.
Es decir, el relato historiográfico ha vuelto a centrarse en el edificio de La Moneda. No he escuchado en estos días ni una vez la palabra “pueblo” y no lo digo por ser yo mismo muy cercano a esa posición, sino porque si uno lee la prensa de estos días, en el Chile de los últimos 40 años, hubo personalidades que tomaban decisiones de gobierno con alianzas y contra alianzas, con amigos y contrarios, pero en un horizonte vacío de representación social. Es como si todo pudiera haber sucedido igual, pero en Panamá o en la luna.
¿Quién ha mencionado al pueblo que sufrió la dictadura, al pueblo que salió a las calles a protestar y a recibir culatazos…? Insisto, el conflicto dictadura / democracia según la prensa reciente, se reduce a un conflicto entre la élite nacional. Alguien dice que conoció a Aylwin porque estaban en el mismo curso del colegio, o que fueron compañeros en la universidad, o que en algún sentido eran parientes. 
Me pregunto, si al leer la prensa de estos días, el pueblo de Chile pensará que el ex Presidente Aylwin les perteneció a ellos, como verdaderamente lo fue. O si el Presidente Aylwin estaba metido en un ambiente de reuniones con otros líderes. Y ahora que ha muerto se lo disputan entre aquellos que estaban en las reuniones.         
Es una grave falta de sentido histórico y político, que no contribuye en nada a que ese mismo pueblo olvidado tenga conciencia clara de qué lado están unos y otros. Porque si todos son iguales, pensará más de alguien, mejor me quedo en la casa.

miércoles, 16 de marzo de 2016

Gratuidad y acreditación: el fin de una era

Columna publicada en El Mostrador, el 04 de marzo de 2016


Ante las críticas que ha enfrentado el gobierno producto del sinnúmero de desajustes e improvisaciones de la Reforma a la Educación Superior, la defensa asumida por muchos se resume en una frase: "Lo importante era dar el primer paso".
Este es un argumento político irrebatible: dado el primer paso, por ejemplo, en la gratuidad, ya no hay retorno. Nadie se va a atrever siquiera a insinuar que ello pudiera volver atrás. Lo mismo vale para otras iniciativas, como la creación de las dos universidades estatales, la red de Centros de Formación Técnica, la ley que elimina la prohibición a estudiantes de participar en el gobierno de las instituciones, etc.
Con este argumento, entonces, se intenta justificar el apresuramiento imprudente con que se ha actuado.
Si bien son muchos los temas sobre los que se podría hablar, quiero concentrarme en la gratuidad, porque es donde - pienso - este "primer paso" tendrá las consecuencias más importantes.
Desde la llegada de la Concertación la política de educación superior se ha hecho principalmente por vía de la Ley de Presupuesto, utilizando el financiamiento para modificar aspectos específicos del sistema.
Esto ha llevado a que instituciones privadas nacidas en los 80, bajo una legislación que no establecía para ellas asignación directa de recursos fiscales, producto de negociaciones políticas contingentes, hayan ido poco a poco corriendo la línea, hasta llegar a ellos.
En principio, esto no tiene nada de malo si existe consenso y, por sobre todo, se garantice que el uso de esos dineros se hará dentro de los marcos legales vigentes y devendrán bienes públicos.
Por ejemplo: que no se lucre con ellos, se reinviertan en la propia institución y estén sujetos a la revisión de la Contraloría, y que las instituciones beneficiarias se sometan a la ley de transparencia y, por supuesto, estén debidamente acreditadas.
Como era de prever (y lo es también para el año que viene), la gratuidad debió seguir el camino de la Ley de Presupuesto.
Pero como también era de prever, el sector privado no perteneciente al Consejo de Rectores se las ingenió para llegar a los recursos de la gratuidad, utilizando un argumento político tan efectivo como el del primer paso: "no se puede discriminar a los alumnos pobres por la institución en que deciden estudiar".
Este argumento puede ser aceptable asumiendo que lo que de verdad está en juego es el futuro de los alumnos.
Pero no lo es, en la medida que ese mismo sector no hizo ni una mínima referencia a otras situaciones, como las mencionadas más arriba, salvo la única conveniente: la acreditación.
En otras palabras: se accede a los recursos y se ponen las condiciones. Es el mejor de los mundos.
Imponer la acreditación como el criterio principal para diferenciar instituciones en el sistema de educación superior chileno es, sin ninguna duda, el triunfo neoliberal más importante de las últimas décadas.
Este significará reducir la discusión sobre la universidad, su misión pública o privada, y su orientación hacia fines sociales generales o particulares, a un criterio aparentemente técnico y neutro, como es "la calidad". Cuya certificación, no necesita decirse, desde hace años genera fundadas dudas metodológicas, administrativas y éticas.
Hay algo que no vieron quienes se apresuraron a dar el primer paso: que junto a ellos también otros lo dieron. Y que, al igual que el propio, ese tampoco tiene retorno posible. Porque imagino que no pensarán que una vez entregados los recursos sin condiciones, las van a poder establecer en la discusión parlamentaria.
Peor aún, temo que pronto tendrán que enfrentar una segunda exigencia de financiamiento para cubrir el supuesto déficit que la gratuidad genera, con otro argumento político irrebatible: "si no lo hacen, bajará la calidad de la educación entregada a los alumnos más pobres".