Sobre el carácter público de las universidades privadas

Los silencios del debate 

La llegada del nuevo gobierno reactualizó un tema que durante la primera década del 2000 tuvo cierto auge, pero que en los últimos años había sido opacado por la discusión sobre el lucro.
Hablamos de la condición pública de las universidades privadas chilenas.
Es la posibilidad de que el Estado financie preferentemente a sus propias instituciones la que ha activado las alarmas, tanto en las universidades privadas que integran el Consejo de Rectores, como en que aquellas que no. Las razones son obvias: quedar al margen de tales beneficios puede significar pérdida de competitividad y, por ende, de prestigio.
Aunque el debate parece legítimo y necesario, en ocasiones se ha encarado de manera tal que no contribuye a progresar en él, pero sí a estancarlo y dilatar la toma de decisiones.
No se trata de rehuir el diálogo sobre la índole pública que una institución privada pueda o no tener. Al contrario, resulta fundamental clarificar este punto. Pero tal diálogo debe ser honesto. En su actual tratamiento el debate ha sufrido una instrumentalización que lo distorsiona y oculta el real interés de sus actores por los recursos estatales. Cuestión, por lo demás, a todas luces innecesaria: el interés por el financiamiento fiscal es en muchos casos justificado y legítimo. 

La condición pública o privada 
Se ha afirmado que la condición pública o privada de una organización no se define por su régimen de propiedad, sino por la función que cumple o por el tipo de bien que produce. Ello es parcialmente cierto. Digo parcialmente porque sabemos que no son sólo esos dos elementos los que determinan la condición pública o privada de una organización, sino varios más: un régimen de propiedad, un ordenamiento jurídico, una forma de gestión del poder, la representación de intereses sociales generales y, por último, la función que cumple o bienes que ella produce.
Las universidades estatales – en atención al orden precedente – pertenecen al Estado de Chile y, por tanto, a sus ciudadanos. No es éste un aspecto menor, ya que el enriquecimiento patrimonial va en beneficio del Estado y no de particulares. Ellas se rigen por el derecho público y por las normas de administración estatal, gestionan el poder de un modo democrático o semidemocrático, representan en su quehacer los valores generales de la sociedad y no los particulares de algún grupo de interés o institución, y cumplen una función pública o producen bienes públicos: forman profesionales, realizan investigación y extensión, entre otros.
Si se repite el mismo ejercicio con las universidades privadas se puede constatar que aquellas pertenecientes al Consejo de Rectores se han ido homologando significativamente con las de las estatales, en su ser y hacer. La mayoría de las universidades privadas creadas a partir de la legislación del 80, en cambio, en general sólo tienen en común con ambos grupos el último punto.
No es poco, pero es insuficiente para afirmar que ellas pueden ser homologadas a una institución pública. 

¿Por qué no es suficiente la función o el bien que una institución produce para alcanzar la calidad de pública? 
Existen tres razones para plantear esta pregunta en el ámbito de la educación.
Primero: dichas funciones o bienes podrían producirse bajo condiciones atentatorias de los principios centrales que rigen lo público. Por ejemplo, a partir de la precarización o desprofesionalización del trabajo de los docentes o de impedir la organización de los estudiantes. En ambos casos se estaría atentando contra aspectos fundamentales del quehacer académico y de la tradición universitaria, y no obstante, aparentemente se estaría cumpliendo una función pública.
Segundo: se podrían realizar tareas de formación contrarias a los intereses sociales generales o a fundamentos esenciales de lo público. Se podría, por ejemplo, formar profesionales bajo ideologías particularistas, racistas o antidemocráticas, como la nazi.
Tercero: se podrían producir bienes públicos o desempeñar una función pública de manera ilegal. Como ha sido el caso de las universidades que han contravenido de manera premeditada y sistemática la prohibición de lucrar, o que han recurrido al soborno para lograr su acreditación.
Entonces, no basta con la aparente producción de bienes públicos o cumplimiento de una función pública para ser homologado a una institución pública. Resulta además insoslayable verificar que tanto el modo como se produce el bien, como el contenido del mismo, se hagan conforme a los valores y principios centrales de lo público. 

Otras preguntas para el debate 
En conclusión, el debate acerca de la condición pública de una institución privada debe continuar, pero con altura de miras, sin que sea instrumentalizado para ocultar un más que justificado y legítimo interés por recursos estatales.
Por lo mismo, se hace necesario transparentarlo y ponerlo directamente en relación con el acceso a financiamiento fiscal, a partir de algunas preguntas:
¿Cómo asegurar que las universidades estatales, propiedad de todos los ciudadanos, cumplan debidamente su rol público? Sin duda un primer paso, pero no el único, es “desprivatizándolas”. Esto es, reducir su dependencia de ingresos privados para que puedan concentrarse de modo efectivo en lo que la sociedad espera de ellas. Ello requiere evidentemente recursos basales de funcionamiento y recursos para desarrollo. Pero también de un uso racional de los dineros y especialmente de un plan que las transforme en un “sistema nacional de universidades públicas”.
¿Cómo asegurar que las instituciones privadas del Consejo de Rectores puedan continuar desempeñando adecuadamente sus funciones públicas? Esto implica la mantención de las modalidades de financiamiento existentes, así como la ampliación y optimización efectiva de los fondos consursables, con el fin de garantizar que puedan responder a altos estándares de formación e investigación. Además requiere de una fiscalización más estricta del uso de los dineros de los contribuyentes, a través, por ejemplo, del ajuste a los procedimientos definidos por la Contraloría General de la República.
¿Cómo asegurar que las universidades privadas instituidas en los 80, cumplan efectivamente una función pública? Esta pregunta es algo más compleja, y su respuesta no sólo ha de considerar los instrumentos de financiamiento y su adecuada fiscalización, sino otros elementos. Por ejemplo, el control efectivo del lucro y de toda práctica ilegal. También garantizar que el ejercicio del poder se base, como ocurre en las universidades estatales y privadas del CRUCH, en prácticas democráticas o semidemocráticas, que aseguren la representación de los intereses sociales generales por sobre aquellos particulares de los sostenedores.

Verdades verdaderas

¡Qué duda cabe que la derecha sabe hacer su pega!

Hace unos días se publicó en Youtube un video en que se entrevistaba a los participantes de una marcha contra la reforma educacional: alumnos, padres, apoderados, profesores y sostenedores, unidos en la CONFEPA, marcharon por las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile para expresar su desacuerdo con la reforma.

Aunque el video se revestía de una cierta distancia y objetividad, ya el título denotaba su propósito: "Marcha CONFEPA: Desinformación, Miedo y Utilización". Al verlo resulta bastante evidente que buscaba ridiculizar a los entrevistados, mostrando sus aparentes contradicciones e ignorancia respecto de la causa que defendían. En particular en lo que se refiere al lucro en la educación.

La pregunta inicial era siempre la misma: si estaban de acuerdo con la eliminación del lucro. Invariablemente todos respondían "no".

Luego preguntaban si, entonces, les parecía bien que la educación fuera un negocio y la respuesta era idéntica: "no".

En el fondo lo que se quería mostrar era que quienes marchaban no tenían idea porqué lo hacían. Por una parte defendían el lucro de los sostenedores, por otra se oponían a que la educación de sus hijos fuera un negocio.

Los "realizadores" del video querían dejar en evidencia - como les gusta hacerlo a quienes se suponen dueños de alguna verdad - que quienes participaban de la marcha estaban confundidos y eran instrumentalizados.

Puede que esto en algún nivel sea cierto, pero a pesar de lo que ellos piensan, los entrevistados no estaban confundidos. Por una razón muy simple, porque la respuesta era siempre la misma: ¿acaso usted no lucra? ¿acaso usted no gana un sueldo?

Eso no indica una confusión, sino todo lo contrario: muestra una certeza.

Una certeza que los llevó a salir a la calle y defender sus derechos, y los de quienes poseen los colegios en los que se educan sus hijos.

Una certeza basada en la indefinición del concepto de lucro.

Pero no porque éste no tenga un significado preciso. Sino porque el que se puso masivamente en circulación a través de los medios ponía a la misma altura un sueldo, que el retiro y apropiación privada de excedentes.

Es decir, lo que gana por su trabajo una temporera que se desempeña ocasionalmente en verano cosechando arándanos, está a la misma altura conceptual (y moral) que las utilidades del dueño de la empresa que los produce y probablemente exporta.

Notable.

Este ejercicio me recuerda el trabajo que ha hecho la derecha - también con un alto grado de éxito - de poner a la misma altura moral la violación sistemática de los derechos humanos por parte de la dictadura de Pinochet, con la muerte de algunos militares o policías durante el período. Para ello se han apoyado en frases como "hubo caídos de ambos lados". Como si se hubiera tratado de una guerra.

No viene al caso mencionar la infinita cantidad de frases similares que se expresaron en la prensa cuando comenzó la discusión sobre el lucro, ni mucho menos los cerros de columnas que se escribieron. Baste con reconocer su éxito. Y con felicitar a la derecha y a quienes, por diversas razones, la apoyaron en su cruzada por defender la generación de excedentes y su apropiación privada en la "empresa educacional".

Pero así como es necesario felicitar a la derecha y su corte intelectual, también se debe señalar que una vez más la izquierda ha demostrado su absoluta incapacidad de estar a la altura de la conversación.

Al parecer en los últimos años se ha conformado con rondar el poder y mirar a la distancia, con igual desprecio y condescendencia que la derecha - aunque por razones distintas -, a un populacho alienado y falto de verdades verdaderas.