viernes, 27 de noviembre de 2015

Jadue y el regreso del Estado

Como ya de sobra sabemos, Chile es un país que no cree en el Estado.
Pero no sólo por el trabajo sistemático que han hecho los partidos de derecha por deslegitimarlo, acusándolo de mal administrador e innecesario interventor, con el objeto de liberar el máximo espacio posible a los intereses de mercado. Sino también por el sistemático empeño de políticos y tecnócratas de la Concertación por hacer mal las cosas, en demasiados ámbitos de la vida social.
Relegar al Estado a un espacio mínimo de regulación y a un rol subsidiario (que se expresa en grandes ganancias para los empresarios y en caritativos bonos para los más pobres) es, sin duda, el mayor y más duradero éxito de la dictadura de Pinochet.
El Estado chileno, a veinticinco años del regreso a la democracia, se sigue administrando y sigue actuando con la misma lógica originada a comienzos de los años 80.
De muestra un botón, a propósito de la reforma educacional: no creo que exista otro país en el que el Estado se lo pase pidiendo permiso para financiar directamente a sus propias universidades y dando constantes explicaciones por no hacer lo mismo con universidades privadas creadas bajo un marco legal que no establece ese derecho.
Tengo la impresión, sin embargo, que esto puede comenzar a cambiar.
Pero no por los grandilocuentes discursos de algunas autoridades o candidatos a serlo. Sino por la reciente creación, en Recoleta, de la Farmacia Popular.
Luego de casi dos años de trabajo, el alcalde Daniel Jadue abrió una farmacia que venderá medicamentos a los habitantes de su comuna a - lo que él llama - un "precio justo". La iniciativa se basa en la adquisición directa de medicamentos a la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) y, por lo tanto, en un acceso preferencial en el precio de compra a los laboratorios. Pero, sobre todo, en la eliminación de la extensa cadena de intermediarios que existen antes que los remedios lleguen a los consumidores, elevando sus costos a valores usureros.
Más interesante que el inmediato interés de otros alcaldes por imitar la inciativa (incluidos alcaldes de partidos de derecha) y de extender este servicio a todo el país por parte del gobierno central, es el disciplinado silencio que han guardado las grandes cadenas farmacéuticas. Sólo lo han interrumpido para balbucear algunos reclamos que invariablemente apuntan al Estado.
Por supuesto, los profesionales de la política no podían perderse los primeros planos que esta situación produjo y la Cámara de Diputados realizó una sesión especial para tratar el tema (a la cual la derecha inicialmente vetó la asistencia del propio alcalde Jadue).
Incluso en algún ya olvidado momento en que se abandonaron al entusiasmo, algunos hablaron de crear una comisión investigadora para analizar los precios de las farmacias.
Justificación habría de sobra. De acuerdo a lo publicado por la prensa en estas semanas, los precios cobrados en el comercio eran, al menos, escandalosos: el Acebron (anticoagulante) podría ser comprado en la Farmacia Popular por $1.280, mientras que en las farmacias de cadenas por valores que iban de los $13.790 a los $14.810. Una situación similar tenían otros medicamentos: Dazolin (para tratar el Alzheimer) costaría $16.000 contra $58.000 o $73.000. Los ejemplos probablemente podrían ser tan extensos como las listas de los laboratorios.
Más allá de los beneficios que esto tendrá para todos quienes ocasional o regularmente consumimos medicamentos, lo que ha hecho Jadue es algo que a nadie se le había ocurrido o se había atrevido hacer en los últimos 30 años: abrir la posibilidad de pensar un Estado con un rol activo en la vida social. Ya no sólo como un ente con un papel regulador y subsidiario, sino como protagonista en la generación de servicios y en la producción.
Esto, sin duda, generará temor en la oposición, pero también destruirá algunas certezas de quienes están en el gobierno.
No sé si el dato es relevante, pero creo que no hay que dejar de señalar que Daniel Jadue es militante comunista.