lunes, 24 de noviembre de 2014

Sobre el carácter público de las universidades privadas


Los silencios del debate 
La llegada del nuevo gobierno reactualizó un tema que durante la primera década del 2000 tuvo cierto auge, pero que en los últimos años había sido opacado por la discusión sobre el lucro.
Hablamos de la condición pública de las universidades privadas chilenas.
Es la posibilidad de que el Estado financie preferentemente a sus propias instituciones la que ha activado las alarmas, tanto en las universidades privadas que integran el Consejo de Rectores, como en que aquellas que no. Las razones son obvias: quedar al margen de tales beneficios puede significar pérdida de competitividad y, por ende, de prestigio.
Aunque el debate parece legítimo y necesario, en ocasiones se ha encarado de manera tal que no contribuye a progresar en él, pero sí a estancarlo y dilatar la toma de decisiones.
No se trata de rehuir el diálogo sobre la índole pública que una institución privada pueda o no tener. Al contrario, resulta fundamental clarificar este punto. Pero tal diálogo debe ser honesto. En su actual tratamiento el debate ha sufrido una instrumentalización que lo distorsiona y oculta el real interés de sus actores por los recursos estatales. Cuestión, por lo demás, a todas luces innecesaria: el interés por el financiamiento fiscal es en muchos casos justificado y legítimo. 

La condición pública o privada 
Se ha afirmado que la condición pública o privada de una organización no se define por su régimen de propiedad, sino por la función que cumple o por el tipo de bien que produce. Ello es parcialmente cierto. Digo parcialmente porque sabemos que no son sólo esos dos elementos los que determinan la condición pública o privada de una organización, sino varios más: un régimen de propiedad, un ordenamiento jurídico, una forma de gestión del poder, la representación de intereses sociales generales y, por último, la función que cumple o bienes que ella produce.
Las universidades estatales – en atención al orden precedente – pertenecen al Estado de Chile y, por tanto, a sus ciudadanos. No es éste un aspecto menor, ya que el enriquecimiento patrimonial va en beneficio del Estado y no de particulares. Ellas se rigen por el derecho público y por las normas de administración estatal, gestionan el poder de un modo democrático o semidemocrático, representan en su quehacer los valores generales de la sociedad y no los particulares de algún grupo de interés o institución, y cumplen una función pública o producen bienes públicos: forman profesionales, realizan investigación y extensión, entre otros.
Si se repite el mismo ejercicio con las universidades privadas se puede constatar que aquellas pertenecientes al Consejo de Rectores se han ido homologando significativamente con las de las estatales, en su ser y hacer. La mayoría de las universidades privadas creadas a partir de la legislación del 80, en cambio, en general sólo tienen en común con ambos grupos el último punto.
No es poco, pero es insuficiente para afirmar que ellas pueden ser homologadas a una institución pública. 

¿Por qué no es suficiente la función o el bien que una institución produce para alcanzar la calidad de pública? 
Existen tres razones para plantear esta pregunta en el ámbito de la educación.
Primero: dichas funciones o bienes podrían producirse bajo condiciones atentatorias de los principios centrales que rigen lo público. Por ejemplo, a partir de la precarización o desprofesionalización del trabajo de los docentes o de impedir la organización de los estudiantes. En ambos casos se estaría atentando contra aspectos fundamentales del quehacer académico y de la tradición universitaria, y no obstante, aparentemente se estaría cumpliendo una función pública.
Segundo: se podrían realizar tareas de formación contrarias a los intereses sociales generales o a fundamentos esenciales de lo público. Se podría, por ejemplo, formar profesionales bajo ideologías particularistas, racistas o antidemocráticas, como la nazi.
Tercero: se podrían producir bienes públicos o desempeñar una función pública de manera ilegal. Como ha sido el caso de las universidades que han contravenido de manera premeditada y sistemática la prohibición de lucrar, o que han recurrido al soborno para lograr su acreditación.
Entonces, no basta con la aparente producción de bienes públicos o cumplimiento de una función pública para ser homologado a una institución pública. Resulta además insoslayable verificar que tanto el modo como se produce el bien, como el contenido del mismo, se hagan conforme a los valores y principios centrales de lo público. 

Otras preguntas para el debate 
En conclusión, el debate acerca de la condición pública de una institución privada debe continuar, pero con altura de miras, sin que sea instrumentalizado para ocultar un más que justificado y legítimo interés por recursos estatales.
Por lo mismo, se hace necesario transparentarlo y ponerlo directamente en relación con el acceso a financiamiento fiscal, a partir de algunas preguntas:
¿Cómo asegurar que las universidades estatales, propiedad de todos los ciudadanos, cumplan debidamente su rol público? Sin duda un primer paso, pero no el único, es “desprivatizándolas”. Esto es, reducir su dependencia de ingresos privados para que puedan concentrarse de modo efectivo en lo que la sociedad espera de ellas. Ello requiere evidentemente recursos basales de funcionamiento y recursos para desarrollo. Pero también de un uso racional de los dineros y especialmente de un plan que las transforme en un “sistema nacional de universidades públicas”.
¿Cómo asegurar que las instituciones privadas del Consejo de Rectores puedan continuar desempeñando adecuadamente sus funciones públicas? Esto implica la mantención de las modalidades de financiamiento existentes, así como la ampliación y optimización efectiva de los fondos consursables, con el fin de garantizar que puedan responder a altos estándares de formación e investigación. Además requiere de una fiscalización más estricta del uso de los dineros de los contribuyentes, a través, por ejemplo, del ajuste a los procedimientos definidos por la Contraloría General de la República.
¿Cómo asegurar que las universidades privadas instituidas en los 80, cumplan efectivamente una función pública? Esta pregunta es algo más compleja, y su respuesta no sólo ha de considerar los instrumentos de financiamiento y su adecuada fiscalización, sino otros elementos. Por ejemplo, el control efectivo del lucro y de toda práctica ilegal. También garantizar que el ejercicio del poder se base, como ocurre en las universidades estatales y privadas del CRUCH, en prácticas democráticas o semidemocráticas, que aseguren la representación de los intereses sociales generales por sobre aquellos particulares de los sostenedores.

sábado, 8 de noviembre de 2014

Verdades verdaderas

¡Qué duda cabe que la derecha sabe hacer su pega!
Hace unos días se publicó en Youtube un video en que se entrevistaba a los participantes de una marcha contra la reforma educacional: alumnos, padres, apoderados, profesores y sostenedores, unidos en la CONFEPA, marcharon por las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile para expresar su desacuerdo con la reforma.
Aunque el video se revestía de una cierta distancia y objetividad, ya el título denotaba su propósito: "Marcha CONFEPA: Desinformación, Miedo y Utilización". Al verlo resulta bastante evidente que buscaba ridiculizar a los entrevistados, mostrando sus aparentes contradicciones e ignorancia respecto de la causa que defendían. En particular en lo que se refiere al lucro en la educación.
La pregunta inicial era siempre la misma: si estaban de acuerdo con la eliminación del lucro. Invariablemente todos respondían "no".
Luego preguntaban si, entonces, les parecía bien que la educación fuera un negocio y la respuesta era idéntica: "no".
En el fondo lo que se quería mostrar era que quienes marchaban no tenían idea porqué lo hacían. Por una parte defendían el lucro de los sostenedores, por otra se oponían a que la educación de sus hijos fuera un negocio.
Los "realizadores" del video querían dejar en evidencia - como les gusta hacerlo a quienes se suponen dueños de alguna verdad - que quienes participaban de la marcha estaban confundidos y eran instrumentalizados.
Puede que esto en algún nivel sea cierto, pero a pesar de lo que ellos piensan, los entrevistados no estaban confundidos. Por una razón muy simple, porque la respuesta era siempre la misma: ¿acaso usted no lucra? ¿acaso usted no gana un sueldo?
Eso no indica una confusión, sino todo lo contrario: muestra una certeza.
Una certeza que los llevó a salir a la calle y defender sus derechos, y los de quienes poseen los colegios en los que se educan sus hijos.
Una certeza basada en la indefinición del concepto de lucro.
Pero no porque éste no tenga un significado preciso. Sino porque el que se puso masivamente en circulación a través de los medios ponía a la misma altura un sueldo, que el retiro y apropiación privada de excedentes.
Es decir, lo que gana por su trabajo una temporera que se desempeña ocasionalmente en verano cosechando arándanos, está a la misma altura conceptual (y moral) que las utilidades del dueño de la empresa que los produce y probablemente exporta.
Notable.
Este ejercicio me recuerda el trabajo que ha hecho la derecha - también con un alto grado de éxito - de poner a la misma altura moral la violación sistemática de los derechos humanos por parte de la dictadura de Pinochet, con la muerte de algunos militares o policías durante el período. Para ello se han apoyado en frases como "hubo caídos de ambos lados". Como si se hubiera tratado de una guerra.
No viene al caso mencionar la infinita cantidad de frases similares que se expresaron en la prensa cuando comenzó la discusión sobre el lucro, ni mucho menos los cerros de columnas que se escribieron. Baste con reconocer su éxito. Y con felicitar a la derecha y a quienes, por diversas razones, la apoyaron en su cruzada por defender la generación de excedentes y su apropiación privada en la "empresa educacional".
Pero así como es necesario felicitar a la derecha y su corte intelectual, también se debe señalar que una vez más la izquierda ha demostrado su absoluta incapacidad de estar a la altura de la conversación.
Al parecer en los últimos años se ha conformado con rondar el poder y mirar a la distancia, con igual desprecio y condescendencia que la derecha - aunque por razones distintas -, a un populacho alienado y falto de verdades verdaderas.

lunes, 18 de agosto de 2014

La miserable cueca de las Isapres

El 8 de marzo de 2013 Hernán Doren, presidente de la Asociación de Isapres,  señaló a la prensa que frente a una utilidad de 80 mil 400 millones de pesos que las Isapres había obtenido en el 2012 (que muchos juzgaban escandalosa) él preferiría estar en la Bolsa.
Los argumentos eran simples.
Por una parte, la utilidad obtenida representaba apenas 2.337 pesos por afiliado. Por otra - señalaba - existen empresas que individualmente generan más utilidades que todo el sector salud.
Sin duda Hernán Doren tiene a primera vista toda la razón, salvo por, al menos, dos puntos.
El primero se encuentra en el terreno de la moral social (o algo así) y, por lo mismo, puede ser discutible: ¿es razonable o justo lucrar con la salud? ¿aunque sea a razón de 2.337 pesos anuales por afiliado?
Aquí aparece el segundo punto. En el caso de la salud, que es un bien público, no es aceptable una argumentación individual. Es decir, no se trata de que la utilidad anual sobre las cotizaciones de cada persona sea de 2.337 pesos, sino que el conjunto de las utilidades obtenidas a partir de las cotizaciones de los ciudadanos en el año 2012 da por resultado 80 mil 400 millones de pesos (este año 2014 ya "llevamos" 49 mil millones).
Verlo de este modo hace una diferencia abisal.
Individualmente, como señala el señor Doren para graficar lo precario de la utilidad obtenida, ella no alcanza a más de una cajetilla de cigarrillos por afiliado.
Colectivamente esto tiene un significado distinto. Por ejemplo, esas utilidades representan la construcción anual de un hospital mediano, de acuerdo a lo señalado por el plan de construcciones hospitalarias de la presidenta Bachelet. O también, se podría haber provisto de postas rurales de salud a infinidad de pueblos y villas de este país.
Más sencillo aún: si consideramos que el costo de la nueva ambulancia de Pemuco fue de 36 millones de pesos, con las utilidades de las Isapres del 2012 se podrían haber comprado más o menos 2.200 ambulancias. Tal vez sea exagerado gastarse todo ese dinero en ambulancias, pero se podría renovar algunas. Baste recordar que ese mismo año la Posta Central de Santiago denunciaba que de los 37 vehículos que tenía, sólo 21 estaban operativos. Lo peor sin embargo no era eso, sino que a Santiago le faltaban otras 100 ambulancias para aproximarse a estándares internacionales.
Así se podría seguir enumerando las inversiones que, año a año, hubiera sido posible hacer en pos en un sistema de salud de mejor calidad y socialmente más igualitario.
Pero no viene el caso. Esto es de sobra sabido.
Escribo todo esto por otra razón; para contarles que ayer fuimos a visitar a Luis Hernán Araneda, "El Baucha", a su casa. Está enfermo. Una embolia y otros males de la edad lo tienen botado en su cama en Renca.
Sometido a un sistema de salud público sistemáticamente empobrecido debe esperar horas que nunca llegan para hacerse exámenes y tratamientos.
Para quienes no saben quién es él, baste con decir que es el único cantor de Los Chileneros que aún está con nosotros. Un monumento vivo de esa "chilenidad" que no le cabe en la boca a tantos en el mes de septiembre. Él es, probablemente, uno de los mayores representantes actuales de la cueca y de la música folclórica chilena.
A pesar de sus reconocimientos y premios (Presidente de la República en 2006, a la Cueca "Samuel Claro" en 2011), no es merecedor de una atención de salud digna. Debe, como todo chileno no afiliado a una Isapre (cerca del 70% de los cotizantes), esperar con resignación que el sistema tenga recursos y se acuerde de él.
Por eso sus amigos harán en los próximos días un beneficio que permita llevar a su casa un médico, hacerle exámenes y financiar parte de su tratamiento.
Tal vez el señor Doren nos pueda contribuir, aunque sea con 2.337 pesos.  Como él mejor que nadie sabe: todo suma cuando se trata de la salud. Especialmente de un ser querido.

viernes, 11 de julio de 2014

Para no ser menos: hablemos sobre la reforma tributaria

Más allá de las diversas combinaciones de materiales y formas utilizadas por las arañas para construir sus telas, de acuerdo a los objetivos que tengan, lo que con certeza sabemos es que el hilo que producen es el material más resistente y elástico que se conoce.
Según los expertos, resiste cinco veces más que un cable de acero de un grosor equivalente y, al mismo tiempo, puede extenderse un treinta por ciento más que su tamaño original, sin sufrir daño alguno.
Esta breve reflexión a propósito de la reforma tributaria y del cerro de críticas que se ha acumulado en los últimos días.
Para muchos ha sido una sorpresa que la Nueva Mayoría (o Concertación más Partido Comunista institucionalizado) esté negociando los contenidos de la reforma. Se le acusa, por lo mismo, de volver a la política de los consensos sin tener la necesidad de hacerlo, ya que dispone de la mayoría parlamentaria que le permitiría prescindir de la buena voluntad de la oposición para aprobarla.
Sin embargo, pienso que lo sucedido era algo absolutamente esperable. Es más, me atrevo a prever que lo mismo pasará (aunque por razones diferentes) con las otras dos "Reformas de Fondo" que prometía el programa político de la actual presidenta: la educativa y la nueva Constitución.
Pienso que los analistas se equivocan cuando acusan a la Concertación de volver a la política de los consensos por un cierto hábito o colusión con su enemigo. Como si existiera un ethos que la lleva a un estado de permanente negociación.
Las explicaciones son a mi parecer más simples y se relacionan con el cálculo que hacen de permanecer en el poder.
La primera razón tiene que ver a -  mi juicio - con no poner en jaque a la propia Nueva Mayoría. Como bien sabemos, al interior de ella conviven seres de los más diversos colores e intereses. Por lo mismo, una actitud "intransigente" o "dogmática" respecto a los postulados iniciales del programa es una atentado para la cohesión de la Nueva Mayoría. Y eso debe evitarse siendo "flexibles".
La segunda razón es algo más pueril. No es difícil imaginarse la cantidad de conversaciones o llamados telefónicos recibidos por quienes hoy están en puestos políticos, en que empresarios o sus cercanos les han hecho ver las complejidades de esta reforma y las insondables consecuencias que puede llegar a tener una reducción de utilidades en las donaciones para las campañas políticas. Por lo mismo, deben haberlos llamado a ser cautelosos a fin de continuar manteniendo un adecuado equilibrio en los intereses de todos y todas.
Por último, quiero pensar que también existe otro objetivo más altruista de fondo. Quiero creer que la Concertación ha mantenido su agenda original de reformas políticas como un elemento central de su pensamiento de largo plazo. Y, por lo mismo, está dispuesta a seguir haciendo todas las concesiones que sean necesarias a fin de terminar con los antiguamente llamados "enclaves autoritarios". Su reducción al mínimo le da - eso al menos se ha creído - la posibilidad de modificar el sistema en el futuro de manera definitiva. No es coincidencia entonces lo que está sucediendo con la negociación que se lleva en paralelo del sistema binominal y su posible cambio a un sistema electoral más democrático, como el de cualquier país civilizado de este planeta. Por lo mismo, sería ridículo pensar que la derecha no ha hecho sentir sus condiciones para avanzar en ello, sin cuyo apoyo es absolutamente imposible cambiarlo.
De este modo, entonces, la reforma tributaria se ha transformado en la primera telaraña que la Concertación ha tejido en este nuevo período: originalmente - según nos explicaron - tejida con hilos de acero, pero que se han ido haciendo cada vez más flexibles, al punto de estirarse incluso más del treinta por ciento, sin sufrir daño alguno aparente.
A propósito de esto último: a pesar de conocer exactamente la estructura y composición de las telarañas, la ciencia aún no ha sido capaz de reproducirlas.
Tal vez los investigadores deban dejar de estar encerrados en sus laboratorios y venir a darse una vuelta al parlamento, para ver cómo lo han logrado la Concertación y su nueva comparsa.

miércoles, 1 de enero de 2014

PSU y neoliberalismo

A más de alguien se le antojará que esta relación es forzada.
Y Puede ser. Pero aun así quiero escribir sobre ella.
Dos imágenes se me aparecen cuando pienso en las discusiones que han seguido a la rendición de la Prueba de Selección Universitaria. Una de ellas es la romper el termómetro. La otra es la del Estado Subsidiario.
La primera imagen es archiconocida y estos días ha sido repetida sin cesar por un sinnúmero de personas: la PSU no sirve como prueba de selección universitaria. Los conocimientos que pretende medir se distribuyen desigualmente en la sociedad dependiendo del tipo de colegio en que se estudió: particular pagado, particular subvencionado o municipal. Por lo mismo, lo que la prueba hace es reproducir en sus resultados la pirámide socio educativa chilena.
En este punto aparecen todo tipo de expertos, gurúes y otros, a anunciar la necesaria muerte de la prueba. Hay quienes incluso piden que se vuelva a medir aptitudes, olvidando que la PAA fue eliminada precisamente con el mismo argumento. Se exige también la generación de mecanismos complementarios de admisión, como entrevistas. Lo que no se dice o no se piensa, es que una idea como esa no hará más que agravar las diferencias sociales existentes, ya que sólo quienes tengan recursos suficientes podrán viajar por Chile rindiendo pruebas o entrevistas presenciales en las universidades de su preferencia.
Así, año a año, en lugar de exigir que se elimine la injusticia educativa, se pide que se rompa el termómetro. Esto habla no sólo de lo corto de vista que somos, sino principalmente, de nuestra poca capacidad y voluntad de imaginarnos una educación mejor y más justa.
La otra idea, la del Estado Subsidiario, se expresa - a mi juicio - en la lógica con que tratamos de resolver este problema. La idea neoliberal del Estado Subsidiario quedó estampada en la Constitución del 80, en el artículo 19. Aunque este artículo ofrece garantizar a los ciudadanos una serie de derechos, lo que de verdad asegura es que el Estado no tendrá atribuciones para actuar directamente en áreas donde exista actividad privada. Por lo mismo, su acción es indirecta y compensatoria de las deficiencias privadas.
Es esta ideología - más allá de los populismos contingentes - la que explica que la política pública destinada a los más pobres, en muchos ámbitos, se articule por la vía de bonos. Su extremo y también su expresión social más cruel es la idea del chorreo; que no es más que esperar que, por evolución natural, una vez que los beneficios desborden la capacidad de los más ricos de absorberlos, se derramen hacia los más pobres. Y si no es así o tarda mucho, entonces el Estado aparece en forma de subsidio.
De ese modo, en lugar de intervenir, por ejemplo, directamente el mercado laboral por la vía de regulaciones, incentivos y actividad económica propia, lo que el Estado hace es compensar indirectamente sus deficiencias. Es decir, en lugar de implementar medidas estructurales, resuelve contingencias (bono para la parafina en invierno, etc.)
Esta misma lógica ha permeado nuestra forma de entender la educación y la PSU. A mi juicio, también contribuye a explicar el comportamiento de algunas instituciones y del sistema de educación superior en general. Dado que no somos capaces, no queremos o no podemos cambiar el sistema educativo primario y secundario, tomamos medidas paliativas para compensar a los más desfavorecidos al momento de ingresar a la educación superior.
Así, algunas instituciones han aumentado las ponderaciones de las notas de enseñanza media en las carreras más demandadas por mujeres, porque ellas obtienen calificaciones más altas que sus compañeros hombres. Lo mismo la ponderación de la prueba matemáticas en algunas ingenierías, demandadas preferentemente por hombres. El ranking de notas, del cual tanto se ha hablado en el último tiempo, no es algo distinto de lo descrito.
En otras palabras, dado que no queremos sanar al enfermo, ni tampoco podemos romper totalmente el termómetro, lo que hemos decidido es restar un par de grados a la fiebre que afecta a los más desfavorecidos.