El gobierno de excelencia

Durante la campaña presidencial, el entonces candidato Piñera y sus partidarios prometieron desarrollar un gobierno de excelencia, que se diferenciaría claramente de la ineficiente, mediocre y corrupta administración concertacionista. Además, señalaban, su gobierno no estaría cruzado por cuoteos políticos, sino que evitaría todos los males que habían caracterizado a sus antecesores.
Este fue sin duda un argumento que dio mucha fuerza a su campaña e hizo sentido en gran parte de la población, que veía con sospecha a todos quienes ocupaban cargos públicos.
Ya ha pasado más de un mes desde que Piñera asumiera la presidencia, en una deslucida ceremonia, en la que todos estaban más preocupados de los temblores y de arrancar a tiempo que de la entrega de la banda presidencial.
Pero el gobierno de excelencia se pisó la cola, precisamente donde había prometido no hacerlo: en los nombramientos.
El 17 de marzo, el ministro Hinzpeter dio a conocer la lista de 53 gobernadores. Los adjetivos para justificarlos fueron los habituales, "acuciosidad", "excelencia", "trayectoria". Un par de días después la oposición respondió cobrando la promesa: 5 de los designados mantenían importantes deudas, estaban en DICOM e incluso tenían juicios pendientes por cheques protestados. El caso emblemático fue el gobernador de Bío Bío: Miguel Stegmeier, acusado de lavado de dinero y vínculos con Colonia Dignidad. El ministro debió tragarse sus palabras y destituir al flamante nuevo gobernador. Pero también el gobernador de los Andes, Ángelo Barbiere, fue destituido a los pocos días por no solucionar sus problemas legales, que implicaban 147 cheques protestados.
Otro récord de eficiencia lo batieron con el nombramiento del director de Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), el abogado Karlfranz Koehler, quien "rebotó" de inmediato en la Contraloría por no contar con los 5 años de experiencia que exige la ley.
Mucho más preocupante fue el nombramiento del director de Gendarmería, el general (r) Iván Andrusco, quien había sido miembro de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (su aparato de inteligencia), involucrada en el tristemente conocido caso degollados de 1985. Este nombramiento cuestionaba, además, otra de las promesas de Piñera: su respeto irrestricto por los derechos humanos. También Andrusco debió dejar su puesto ante las presiones de la oposición y organizaciones civiles.
A todo esto hay que agregar la gran cantidad de cargos que aún no logran llenar y que son ocupados por funcionarios (ineficientes, mediocres y corruptos) de la Concertación. Algunos porque no tienen otras opciones laborales, otros por cierto compromiso social y el riesgo de ser acusados de poco comprometidos con un país que vive las secuelas de un terremoto.
De todo esto se deriva una sospecha preocupante: que la derecha, en veinte años de oposición no preparó cuadros para asumir tareas intermedias en el Estado. Y esto no sólo tiene que ver, como muchos piensan, con que la gente de derecha tiene rentas que no se equiparan con las ofertas públicas. Sino con un hecho mucho más de fondo: a diferencia de la Concertación, la derecha no logró formar un grupo de políticos profesionales que vaya más allá de los líderes superiores de los partidos. O si los formó, el Presidente pareciera no confiar en ellos.