La dama de hierro chilena

En el año 1981, la entonces primera Ministra de Inglaterra, conocida de como la "dama de hierro", dejó morir de hambre a 10 huelguistas.
Todos eran del IRA y estaban recluidos en la cárcel de alta seguridad de Long Kesh. Al inicio pedían que se les reconociera el estatus de presos políticos. Pero ella no sólo se los negó, sino que implementó una serie de medidas represivas, como la prohibición de hacer ejercicio, leer, usar determinadas instalaciones. Finalmente, los presos tomaron la más extrema de las medidas: la huelga de hambre.
Pero eso no impresionó a Tatcher. Tampoco las manifestaciones a su favor, ni mucho menos el que varios de ellos ganaran elecciones parlamentarias (en ausencia y sin campaña, se entiende): Bobby Sands, Kiehran Doherty y Paddy Agnew. Salvo este último, los otros dos murieron producto de la huelga de hambre junto a sus compañeros, cuando bordeaban los 70 días.
En Chile, 34 comuneros mapuches se encuentran en huelga de hambre hace el mismo tiempo. Es probable que no vivan mucho más. Mientras la prensa nacional se ha deleitado con las festividades bicentenarias y las varoniles y multicolores boinas especiales de soldados de toda especie, en una parada militar juzgada como sin precedentes, la situación de los comuneros ha permanecido casi silenciada.
Sólo gracias a algunos parlamentarios europeos y a la prensa internacional, la huelga de los comuneros ha comenzado a ser considerada en Chile. Incluso, una vez más debemos agradecer a la Iglesia Católica que el tema sea puesto sobre la mesa y aparezca en primera plana en algunos medios.
Sin considerar el drama que vive el pueblo mapuche (y otros pueblos indígenas), se trata de algo muy simple: los comuneros no quieren ser juzgados por la ley antiterrorista, considerando que los delitos que supuestamente cometieron están tipificados y contenidos en el derecho penal.
Algo que parece obvio en Chile no lo es. Y la lógica para justificarlo es la que logró imponer la derecha y que no transará: los delitos contra la propiedad privada deben permanecer dentro de lo que debe ser considerado como acto terrorista. Es decir, es lo mismo derrumbar las Torres Gemelas, volar una estación de Metro que incendiar un camión, bajando antes al chofer y exigiéndole que abandone el lugar.
Ésta ha sido una ocasión privilegiada para que el gobierno desenvaine los históricos colmillos de la autoritaria derecha chilena. Públicamente ha dicho que es efectivo que la ley puede estar mal aplicada, por lo mismo hay que enmendar lo sucedido. Pero al mismo tiempo no se sienta a conversar con los comuneros, bajo el viejo lema "con los terroristas no se negocia".
No se trata de excusar a los comuneros por lo que han hecho o se les imputa, de lo que se trata es de abordar el tema sensatamente y con una visión que vaya más allá de proteger las plantaciones de eucaliptus de alguna empresa o el trigo de un par de patrones. Es necesario pensar la situación indígena en serio y ponerse a la altura de lo que han hecho otros países vecinos o no tan vecinos.
Pero pareciera ser que el gobierno quiere mantener el tema en una confusa frontera entre la delincuencia común y el terrorismo, sin aclarar conceptos, ni mucho menos escuchar.
Lo peor es que tampoco se ve en Piñera un interés por tratar este problema con una mayor visión de estadista. Es más, temo que si ya se ha paseado por todo Chile son su casaca roja de vendedor de ferretería, si se ha disfrazado de huaso y de piloto, es también esperable que pronto quiera cenirse a la cintura una brillante falda de hierro.