Sobre Isapres, AFP's y otros demonios III

Como ya es habitual, la semana recién pasada la Asociación de Isapres (de la que el ex Ministro Eduardo Aninat es presidente) organizó el Encuentro de Nacional de la Salud (ENASA). El evento de este año estuvo marcado por un tema que les preocupa particularmente: el aumento de las acciones judiciales que los afiliados han interpuesto en los tribunales.
Mientras en el año 2007 éstas fueron 737, en el 2008 llegaron a 5.214, sólo en el primer semestre del 2009 van 4.358.
La razón de este crecimiento, a juicio de los entendidos, se debe a dos cosas: por una parte, el éxito de algunos recursos interpuestos por los usuarios que ha generado una especie una reacción en cadena (el 96% ha sido fallado en favor de los afiliados). Por otra, al surgimiento de una “industria” entorno a este tema. Una industria de abogados, con fines de lucro, que se ha especializado en litigar contra las Isapres.
Efectivamente, las costas pagadas por la parte perdedora han hecho que este nuevo rubro aparezca como muy interesante. Éstas ya han alcanzado un total de tres mil millones de pesos.
La situación descrita es bastante pintoresca: la Asociación Isapres se queja porque ha surgido otra industria – al igual que ella con fines de lucro – que ha logrado hacer valer los derechos de los usuarios ante los tribunales y les ha comenzado a quitar parte de la tajada a la que estaban acostumbrados. Es la historia de un tiburón quejándose del nacimiento de un hijo.
Es necesario recordar que parte de esta nueva “industria” se genera precisamente por las exclusiones sobre las que el sistema de salud privado funciona y que el Estado mira con apacible indolencia: costos más altos para las mujeres, alzas para quienes aumentan de edad. Y, por supuesto, exclusión total de quienes tiene enfermedades preexistentes de alto costo. Es lo que ellos llaman elegantemente tabla de factores de riesgo, que no es más que un conjunto de fórmulas para calcular los valores de los planes de quienes podrían enfermarse más allá de los límites que le interesa a las Isapres.
A defender esta industria de la salud con fines de lucro, salió primero el actual Ministro Álvaro Erazo, quien señaló que esta situación no iba en real interés de nadie, que con ella sólo perdía el país y ganaba el ejército de abogados que estaba detrás de los procesos.
Pero esta frase de aparente sentido público era sólo la antesala de la siguiente jugada: el chantaje.
Superada la preocupación por los intereses nacionales, las Isapres señalaron que estos procesos, cuyos costos suman aproximadamente el 1% de los gastos de siniestralidad del sistema, amenazan con encarecer una vez más los precios de los planes. Algo que el abogado Germán Concha calificó como la consecuencia “natural”.
En otras palabras, la Asociación de Isapres está recurriendo al chantaje patronal más atávico: hacer ver a sus obreros (en este caso a los usuarios) que no les conviene reclamar, ya que hacerlo va en perjuicio de ellos mismos.