miércoles, 16 de marzo de 2016

Gratuidad y acreditación: el fin de una era

Columna publicada en El Mostrador, el 04 de marzo de 2016


Ante las críticas que ha enfrentado el gobierno producto del sinnúmero de desajustes e improvisaciones de la Reforma a la Educación Superior, la defensa asumida por muchos se resume en una frase: "Lo importante era dar el primer paso".
Este es un argumento político irrebatible: dado el primer paso, por ejemplo, en la gratuidad, ya no hay retorno. Nadie se va a atrever siquiera a insinuar que ello pudiera volver atrás. Lo mismo vale para otras iniciativas, como la creación de las dos universidades estatales, la red de Centros de Formación Técnica, la ley que elimina la prohibición a estudiantes de participar en el gobierno de las instituciones, etc.
Con este argumento, entonces, se intenta justificar el apresuramiento imprudente con que se ha actuado.
Si bien son muchos los temas sobre los que se podría hablar, quiero concentrarme en la gratuidad, porque es donde - pienso - este "primer paso" tendrá las consecuencias más importantes.
Desde la llegada de la Concertación la política de educación superior se ha hecho principalmente por vía de la Ley de Presupuesto, utilizando el financiamiento para modificar aspectos específicos del sistema.
Esto ha llevado a que instituciones privadas nacidas en los 80, bajo una legislación que no establecía para ellas asignación directa de recursos fiscales, producto de negociaciones políticas contingentes, hayan ido poco a poco corriendo la línea, hasta llegar a ellos.
En principio, esto no tiene nada de malo si existe consenso y, por sobre todo, se garantice que el uso de esos dineros se hará dentro de los marcos legales vigentes y devendrán bienes públicos.
Por ejemplo: que no se lucre con ellos, se reinviertan en la propia institución y estén sujetos a la revisión de la Contraloría, y que las instituciones beneficiarias se sometan a la ley de transparencia y, por supuesto, estén debidamente acreditadas.
Como era de prever (y lo es también para el año que viene), la gratuidad debió seguir el camino de la Ley de Presupuesto.
Pero como también era de prever, el sector privado no perteneciente al Consejo de Rectores se las ingenió para llegar a los recursos de la gratuidad, utilizando un argumento político tan efectivo como el del primer paso: "no se puede discriminar a los alumnos pobres por la institución en que deciden estudiar".
Este argumento puede ser aceptable asumiendo que lo que de verdad está en juego es el futuro de los alumnos.
Pero no lo es, en la medida que ese mismo sector no hizo ni una mínima referencia a otras situaciones, como las mencionadas más arriba, salvo la única conveniente: la acreditación.
En otras palabras: se accede a los recursos y se ponen las condiciones. Es el mejor de los mundos.
Imponer la acreditación como el criterio principal para diferenciar instituciones en el sistema de educación superior chileno es, sin ninguna duda, el triunfo neoliberal más importante de las últimas décadas.
Este significará reducir la discusión sobre la universidad, su misión pública o privada, y su orientación hacia fines sociales generales o particulares, a un criterio aparentemente técnico y neutro, como es "la calidad". Cuya certificación, no necesita decirse, desde hace años genera fundadas dudas metodológicas, administrativas y éticas.
Hay algo que no vieron quienes se apresuraron a dar el primer paso: que junto a ellos también otros lo dieron. Y que, al igual que el propio, ese tampoco tiene retorno posible. Porque imagino que no pensarán que una vez entregados los recursos sin condiciones, las van a poder establecer en la discusión parlamentaria.
Peor aún, temo que pronto tendrán que enfrentar una segunda exigencia de financiamiento para cubrir el supuesto déficit que la gratuidad genera, con otro argumento político irrebatible: "si no lo hacen, bajará la calidad de la educación entregada a los alumnos más pobres".

1 comentario:

miguel dijo...

Tal parece que si las fuerzas genuinamente antineoliberales no hacen un camino que les permita diseñar directamente la política educacional, estos triunfos del establishment se sucederán. El problema, que debemos juntarnos a conversar, es que las fuerzas antineoliberales solo pueden acceder al poder político sosteniendo la fuerza de las movilizaciones sociales, las que a su vez están urgidas de triunfos que les permitan enhebrar su continuidad.

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