Se equivoca el rector Carlos Peña

Desde hace varios años, el Mercurio del domingo publica la conocida columna de Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales. En ella el rector Peña toma posición respecto de la contingencia, ilustrándola con académicas citas, inevitables, es probable, para un doctor en Filosofía.

Resulta destacable su coraje para hablar sobre temas en los que todos tratan de ser políticamente correctos, sin sucumbir a ese extendido vicio, enfrentándolos en forma directa y mordaz.

En general, sus textos me representan y ayudan a interpretar determinados sucesos de nuestra realidad. Sin embargo, hace unas semanas publicó un artículo titulado "Falacias Universitarias", con el cual quiero discrepar en algunos puntos relevantes.

De las cinco falacias enunciadas por el Rector Peña, la primera que me merece reparos es la que señala que "público" y "estatal" no son sinónimos cuando se habla de universidades. Y que lo que definiría esa condición es "el carácter de los bienes que produce, el diálogo sin restricciones que posibilita, los intereses generales que mediante ella se promueven". Dada su enorme complejidad teórica, discutir cada uno de esos puntos es una tarea que va más allá de este artículo. Baste un ejemplo: educar un ser humano, en el nivel que sea y con independencia de la institución que lo haga, parece a primera vista un bien público. Esto sin duda también pensaban los nazis cuando formaban a la futura raza superior. Y precisamente por eso lo hacían, al amparo del Estado. Entonces, incluso el supuesto bien público producido admite un juicio sobre si es o no tal. En otras palabras: no basta con educar para suponer que ello es un bien público.

En otros países (paradójicamente en la misma Alemania) Estado y público se entienden como sinónimos. En primer lugar por razones jurídicas: lo que está sujeto al derecho público es aquello que tiene que ver con el Estado. En segundo, porque es el Estado quien debe velar por el pluralismo de la formación y de las condiciones que la hacen posible.

Sin duda hay que discutir más este tema, pero la discusión no puede estar condicionada por distinciones del sistema universitario nacional que no hemos sabido resolver. Ella debe, realmente, apelar a dimensiones filosóficas.

Esto nos lleva a la segunda falacia enunciada por el Rector Peña: la pervivencia de la distinción entre Universidades del Consejo de Rectores y las demás, como una distinción "casi categorial", siendo que en ambos grupos hay instituciones de variada índole, y de buena y mala calidad. No cabe ninguna duda que su afirmación es correcta, pero hace abstracción de la realidad en que esa distinción funciona. Ella no tiene que ver con temas de variedad o calidad. Se trata una distinción ética y política, cuya frontera está trazada por la línea que separa a las instituciones sin fines de lucro y aquellas que, aunque lo declaren según la ley lo exije, son rondadas por sospechas que hacen pensar lo contrario. Ahora, que la universidad que el rector Peña dirije se encuentre en aquellas privadas que no lucran, es un problema que no se soluciona denostando al Consejo de Rectores, sino exigiendo públicamente el cumplimiento de la ley. Que eso signifique quedar en un espacio intermedio, es sin duda también un problema político complejo. Pero mucho menor que avalar con el silencio el ejercicio encubierto del lucro y de los vicios que ello ha conllevado (baste recordar los escándalos que han rodeado a la Comisión Nacional de Acreditación y a algunos de los comisionados elegidos por las universidades privadas y luego contratados por algunas de ellas).

Por último, quisiera mencionar la referencia que el Rector Peña hace a la administración  universitaria como un ejercicio en el cual, quienes la ejercen creen que se deben a los miembros de la universidad (universidades estatales) o a sus controladores (universidades privadas). Esta afirmación también llama la atención por la abstración que se hace de las formas de construir la autoridad en una universidad, independiente de su carácter. Por la vía que sea, ello se hace a través del ejercicio del poder. Y esto no sólo involucra "las mejores razones" o "el proyecto intelectual que la universidad está llamada a cumplir", sino también las condiciones políticas internas que imponen a su vez, condiciones a quienes conducen la universidad (lo que no es sinónimo de determinar todas sus acciones posibles).

Sospecho que el Rector Peña sabe de esto. Es más, sospecho que no es posible llegar a un cargo relevante al interior de una universidad desconociendo esto.