Jadue y el regreso del Estado

Como ya de sobra sabemos, Chile es un país que no cree en el Estado.

Pero no sólo por el trabajo sistemático que han hecho los partidos de derecha por deslegitimarlo, acusándolo de mal administrador e innecesario interventor, con el objeto de liberar el máximo espacio posible a los intereses de mercado. Sino también por el sistemático empeño de políticos y tecnócratas de la Concertación por hacer mal las cosas, en demasiados ámbitos de la vida social.

Relegar al Estado a un espacio mínimo de regulación y a un rol subsidiario (que se expresa en grandes ganancias para los empresarios y en caritativos bonos para los más pobres) es, sin duda, el mayor y más duradero éxito de la dictadura de Pinochet.

El Estado chileno, a veinticinco años del regreso a la democracia, se sigue administrando y sigue actuando con la misma lógica originada a comienzos de los años 80.

De muestra un botón, a propósito de la reforma educacional: no creo que exista otro país en el que el Estado se lo pase pidiendo permiso para financiar directamente a sus propias universidades y dando constantes explicaciones por no hacer lo mismo con universidades privadas creadas bajo un marco legal que no establece ese derecho.

Tengo la impresión, sin embargo, que esto puede comenzar a cambiar.

Pero no por los grandilocuentes discursos de algunas autoridades o candidatos a serlo. Sino por la reciente creación, en Recoleta, de la Farmacia Popular.

Luego de casi dos años de trabajo, el alcalde Daniel Jadue abrió una farmacia que venderá medicamentos a los habitantes de su comuna a - lo que él llama - un "precio justo". La iniciativa se basa en la adquisición directa de medicamentos a la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) y, por lo tanto, en un acceso preferencial en el precio de compra a los laboratorios. Pero, sobre todo, en la eliminación de la extensa cadena de intermediarios que existen antes que los remedios lleguen a los consumidores, elevando sus costos a valores usureros.

Más interesante que el inmediato interés de otros alcaldes por imitar la inciativa (incluidos alcaldes de partidos de derecha) y de extender este servicio a todo el país por parte del gobierno central, es el disciplinado silencio que han guardado las grandes cadenas farmacéuticas. Sólo lo han interrumpido para balbucear algunos reclamos que invariablemente apuntan al Estado.

Por supuesto, los profesionales de la política no podían perderse los primeros planos que esta situación produjo y la Cámara de Diputados realizó una sesión especial para tratar el tema (a la cual la derecha inicialmente vetó la asistencia del propio alcalde Jadue).

Incluso en algún ya olvidado momento en que se abandonaron al entusiasmo, algunos hablaron de crear una comisión investigadora para analizar los precios de las farmacias.

Justificación habría de sobra. De acuerdo a lo publicado por la prensa en estas semanas, los precios cobrados en el comercio eran, al menos, escandalosos: el Acebron (anticoagulante) podría ser comprado en la Farmacia Popular por $1.280, mientras que en las farmacias de cadenas por valores que iban de los $13.790 a los $14.810. Una situación similar tenían otros medicamentos: Dazolin (para tratar el Alzheimer) costaría $16.000 contra $58.000 o $73.000. Los ejemplos probablemente podrían ser tan extensos como las listas de los laboratorios.

Más allá de los beneficios que esto tendrá para todos quienes ocasional o regularmente consumimos medicamentos, lo que ha hecho Jadue es algo que a nadie se le había ocurrido o se había atrevido hacer en los últimos 30 años: abrir la posibilidad de pensar un Estado con un rol activo en la vida social. Ya no sólo como un ente con un papel regulador y subsidiario, sino como protagonista en la generación de servicios y en la producción.

Esto, sin duda, generará temor en la oposición, pero también destruirá algunas certezas de quienes están en el gobierno.

No sé si el dato es relevante, pero creo que no hay que dejar de señalar que Daniel Jadue es militante comunista. 

La miserable cueca de las Isapres

El 8 de marzo de 2013 Hernán Doren, presidente de la Asociación de Isapres,  señaló a la prensa que frente a una utilidad de 80 mil 400 millones de pesos que las Isapres había obtenido en el 2012 (que muchos juzgaban escandalosa) él preferiría estar en la Bolsa.

Los argumentos eran simples.

Por una parte, la utilidad obtenida representaba apenas 2.337 pesos por afiliado. Por otra - señalaba - existen empresas que individualmente generan más utilidades que todo el sector salud.

Sin duda Hernán Doren tiene a primera vista toda la razón, salvo por, al menos, dos puntos.

El primero se encuentra en el terreno de la moral social (o algo así) y, por lo mismo, puede ser discutible: ¿es razonable o justo lucrar con la salud? ¿aunque sea a razón de 2.337 pesos anuales por afiliado?

Aquí aparece el segundo punto. En el caso de la salud, que es un bien público, no es aceptable una argumentación individual. Es decir, no se trata de que la utilidad anual sobre las cotizaciones de cada persona sea de 2.337 pesos, sino que el conjunto de las utilidades obtenidas a partir de las cotizaciones de los ciudadanos en el año 2012 da por resultado 80 mil 400 millones de pesos (este año 2014 ya "llevamos" 49 mil millones).

Verlo de este modo hace una diferencia abisal.

Individualmente, como señala el señor Doren para graficar lo precario de la utilidad obtenida, ella no alcanza a más de una cajetilla de cigarrillos por afiliado.

Colectivamente esto tiene un significado distinto. Por ejemplo, esas utilidades representan la construcción anual de un hospital mediano, de acuerdo a lo señalado por el plan de construcciones hospitalarias de la presidenta Bachelet. O también, se podría haber provisto de postas rurales de salud a infinidad de pueblos y villas de este país.

Más sencillo aún: si consideramos que el costo de la nueva ambulancia de Pemuco fue de 36 millones de pesos, con las utilidades de las Isapres del 2012 se podrían haber comprado más o menos 2.200 ambulancias. Tal vez sea exagerado gastarse todo ese dinero en ambulancias, pero se podría renovar algunas. Baste recordar que ese mismo año la Posta Central de Santiago denunciaba que de los 37 vehículos que tenía, sólo 21 estaban operativos. Lo peor sin embargo no era eso, sino que a Santiago le faltaban otras 100 ambulancias para aproximarse a estándares internacionales.

Así se podría seguir enumerando las inversiones que, año a año, hubiera sido posible hacer en pos en un sistema de salud de mejor calidad y socialmente más igualitario.

Pero no viene el caso. Esto es de sobra sabido.

Escribo todo esto por otra razón; para contarles que ayer fuimos a visitar a Luis Hernán Araneda, "El Baucha", a su casa. Está enfermo. Una embolia y otros males de la edad lo tienen botado en su cama en Renca.

Sometido a un sistema de salud público sistemáticamente empobrecido debe esperar horas que nunca llegan para hacerse exámenes y tratamientos.

Para quienes no saben quién es él, baste con decir que es el único cantor de Los Chileneros que aún está con nosotros. Un monumento vivo de esa "chilenidad" que no le cabe en la boca a tantos en el mes de septiembre. Él es, probablemente, uno de los mayores representantes actuales de la cueca y de la música folclórica chilena.

A pesar de sus reconocimientos y premios (Presidente de la República en 2006, a la Cueca "Samuel Claro" en 2011), no es merecedor de una atención de salud digna. Debe, como todo chileno no afiliado a una Isapre (cerca del 70% de los cotizantes), esperar con resignación que el sistema tenga recursos y se acuerde de él.

Por eso sus amigos harán en los próximos días un beneficio que permita llevar a su casa un médico, hacerle exámenes y financiar parte de su tratamiento.

Tal vez el señor Doren nos pueda contribuir, aunque sea con 2.337 pesos.  Como él mejor que nadie sabe: todo suma cuando se trata de la salud. Especialmente de un ser querido.

Piñera (José) defiende su asocial engendro

Hace algo más de una semana, parte importante de la prensa chilena dio una amplia cobertura a la entrevista de José Piñera en un diaro Suizo. En ella defendió la que probablemente sea su más célebre y asocial creación: el sistema de pensiones chileno, conocido como AFP's.

Los argumentos de Piñera son notables, especialmente por la abstracción completa que hace de lo social. Y no me refiero con esto a un posible componente solidario del sistema de pensiones que lo hiciera merecedor de tal adjetivo (a la europea), sino a algo mucho más simple. A la negación de que un sistema de pensiones existe dentro de una sociedad.

Es difícil discutir con él, pero no por la contundencia de sus argumentos. Al contrario, su debilidad raya en el absurdo. Pero - y esto es lo más relevante - no hay argumento absurdo cuando se tiene la fuerza de las armas de una dictadura militar para decidir el destino de millones de jubilados de un país. En otras palabras, ideas tan débiles sólo pueden imponerse por la irracionalidad de la fuerza.

Veamos algunos de sus planteamientos, sólo por hacer un ocioso y tardío ejercicio de conversación con José (espero que no le ofenda esta familiaridad que me tomo):

"en Chile la pensión que reciben los jubilados dependen del esfuerzo y la conducta que que tuvieron en su vida laboral", fue una de sus frases, rematada con una sentencia fácil de aprender en cualquier MBA de tercera: "El punto principal del sistema es que hay una relación directa entre el esfuerzo y la recompensa".

¿Sabrá José cuáles son los sueldos reales de sus compatriotas? ¿Estará al tanto que en el país que ocasionalmente habita, los primeros cuatros quintiles de la población (es decir el 80%), no pasan de un ingreso mensual per cápita de 332 mil pesos (U$642)? ¿Y que el tercero, no pasa de los 182 mil pesos (U$354)?  Seguramente conoce las crifras, pero ¿sabrá lo que ellas significan en la vida de alguien? ¿Se dará cuenta José que esa gente es muy esforzada, pero que por la estructura del mercado laboral y de remuneraciones está condenada a vivir en la modestia y a envejecer en la miseria? Digo esto pensando que las pensiones promedio no pasan del 60% del ingreso mensual de las personas.

Si uno quisiera llevar el argumento al extremo podríamos llegar a pensar que la gente jubila en la miseria porque no hizo suficiente en su vida laboral. Es decir, podriamos volver a la clásica visión del roto flojo y borracho, que por propia culpa no le va mejor.

Más notable aún es su afirmación de que gracias a este sistema "se despolitizó un sector importante de la economía, que pasó a manos de individuos, que a su vez pasaron a tener un control de una situación importante de sus vidas".

La frase es notable por varias razones. Primero, porque entregar la administración del dinero de los ciudados chilenos a empresas privadas que lucrarán con él es una decisión profundamente política. Luego, por pensar que por entregar la administración del dinero a empresas ello estará fuera de la política. Tal vez José confunde los cuoteos propios de los partidos políticos con la política. Y por último, por suponer que los ciudadanos tienen algún control sobre lo que sucede con su dinero. Esto no es así porque la ley establece la obligatoriedad de cotizar en una AFP, porque aunque uno pueda elegir el nivel de riesgo de la inversión, uno no decide en el tipo de empresa en que se invertirá. Y, por último, porque uno no tiene ninguna capacidad de incidir en las flutuaciones del mercado financiero.

No cabe duda que, como afirma José, las AFP's han sido un importante factor de crecimiento económico del país. Lo que no dice, sin embargo,  es que ello ha sido a costa de escamotear sus ahorros a los jubilados y distribuir las utilidades que genera su administración entre los mismos que los explotaron durante su vida laboral.

Evidentemente desde su acomodada posición el mundo se ve de otra manera y es fácil apelar al esfuerzo ajeno, cuando el propio no ha sido necesario para tener una vida opulenta, ni lo será para gozar de una vejez más que digna.

Sobre Isapres, AFP's y otros demonios III

Como ya es habitual, la semana recién pasada la Asociación de Isapres (de la que el ex Ministro Eduardo Aninat es presidente) organizó el Encuentro de Nacional de la Salud (ENASA). El evento de este año estuvo marcado por un tema que les preocupa particularmente: el aumento de las acciones judiciales que los afiliados han interpuesto en los tribunales.
Mientras en el año 2007 éstas fueron 737, en el 2008 llegaron a 5.214, sólo en el primer semestre del 2009 van 4.358.
La razón de este crecimiento, a juicio de los entendidos, se debe a dos cosas: por una parte, el éxito de algunos recursos interpuestos por los usuarios que ha generado una especie una reacción en cadena (el 96% ha sido fallado en favor de los afiliados). Por otra, al surgimiento de una “industria” entorno a este tema. Una industria de abogados, con fines de lucro, que se ha especializado en litigar contra las Isapres.
Efectivamente, las costas pagadas por la parte perdedora han hecho que este nuevo rubro aparezca como muy interesante. Éstas ya han alcanzado un total de tres mil millones de pesos.
La situación descrita es bastante pintoresca: la Asociación Isapres se queja porque ha surgido otra industria – al igual que ella con fines de lucro – que ha logrado hacer valer los derechos de los usuarios ante los tribunales y les ha comenzado a quitar parte de la tajada a la que estaban acostumbrados. Es la historia de un tiburón quejándose del nacimiento de un hijo.
Es necesario recordar que parte de esta nueva “industria” se genera precisamente por las exclusiones sobre las que el sistema de salud privado funciona y que el Estado mira con apacible indolencia: costos más altos para las mujeres, alzas para quienes aumentan de edad. Y, por supuesto, exclusión total de quienes tiene enfermedades preexistentes de alto costo. Es lo que ellos llaman elegantemente tabla de factores de riesgo, que no es más que un conjunto de fórmulas para calcular los valores de los planes de quienes podrían enfermarse más allá de los límites que le interesa a las Isapres.
A defender esta industria de la salud con fines de lucro, salió primero el actual Ministro Álvaro Erazo, quien señaló que esta situación no iba en real interés de nadie, que con ella sólo perdía el país y ganaba el ejército de abogados que estaba detrás de los procesos.
Pero esta frase de aparente sentido público era sólo la antesala de la siguiente jugada: el chantaje.
Superada la preocupación por los intereses nacionales, las Isapres señalaron que estos procesos, cuyos costos suman aproximadamente el 1% de los gastos de siniestralidad del sistema, amenazan con encarecer una vez más los precios de los planes. Algo que el abogado Germán Concha calificó como la consecuencia “natural”.
En otras palabras, la Asociación de Isapres está recurriendo al chantaje patronal más atávico: hacer ver a sus obreros (en este caso a los usuarios) que no les conviene reclamar, ya que hacerlo va en perjuicio de ellos mismos.

Sobre Isapres, AFP's y otros demonios II

En la edad media, reyes y príncipes acostumbraban a entregar privilegios a algunos de sus súbditos. Esto era: eximirlos de obligaciones que ellos mismos habían impuesto a todos en forma de ley o concederles el derecho de uso temporal de algún bien considerado propiedad real.
Como la entrega de un privilegio era una decisión arbitraria también su revocación podía serlo. Entre los más conocidos estaban los dados a la nobleza (que era liberada de pagar impuestos o cobraba peajes en caminos y ríos), a algunos gremios de artesanos (que no pagaban impuestos por sus productos o su venta), a las ciudades (que gozaban de autoadministración y libertad para sus habitantes) o a las universidades (que podían administrar justicia internamente).
Un privilegio implicaba dos cosas. Por una parte, una concesión. Por otra, una obligación. Los reyes y príncipes siempre exigían algo a cambio. Para seguir con el ejemplo: a la nobleza obediencia militar, a los gremios parte de su producción, a las ciudades impuestos y a las universidades formar especialistas para su aparato administrativo.
Éste es el principio que heredó el Estado moderno para realizar concesiones a privados de bienes o derechos que tradicionalmente han sido entendidos como públicos. Con una diferencia fundamental: en las democracias la concesión y revocación del privilegio se hace por ley, no en forma arbitraria.
Las AFP's pueden ser entendidas como entes privados a los que el Estado entregó un privilegio: administrar los dineros de los ciudadanos, obligados por ley a cotizar. ¿Cuál es el privilegio?: privados podrían, a partir del derecho de uso de capital ajeno, generar capital propio y repartir utilidades.
Hasta aquí todo bien, sin embargo, los reyes o príncipes siempre exigían algo a cambio, para ellos o sus súbditos. En este caso no: se otorgó el privilegio de administrar dinero ajeno contra ninguna obligación de una rentabilidad mínima o de distribución de utilidades por sobre esa rentabilidad mínima.
No está demás recordar que quienes lo entregaron estaban muy conscientes del riesgo del experimento y se eximieron de la obligación de cotizar en las AFP's. Las pensiones militares seguirían teniendo el sólido respaldo del "infame" Estado.
Resumiendo: sería justo para los ciudadanos que quien tiene el privilegio garantice una rentabilidad mínima a todo evento. De lo contrario debería haber libertad para trasladar los ahorros a los bancos. Además, se debería exigir una repartición progresiva de utilidades. Es decir: si a los dueños de las AFP's les va mejor de lo esperado, deberían también entregar una proporción mayor a los cotizantes. Esto no significa desconocer su talento, sino ponerlo en su justa dimensión: están administrando dinero ajeno con riesgo cero.
Un detalle final. Este privilegio fue otorgado como en la edad media: monárquicamente, no en condiciones democráticas.
¿No será tiempo de preguntar a la ciudadanía acerca de la pertinencia de este privilegio? o ¿será mucho pedir que las AFP's se hagan verdaderamente responsables de las pensiones de todos los chilenos y chilenas?

Sobre Isapres, AFP's y otros demonios I

"Sistema de Capitalización individual" llaman los expertos en Isapres y AFP's al hecho de que cada quien cotiza de acuerdo a lo que gana y, a cambio, recibe lo que alcanza a pagar o ahorrar.

Esto que nos parece tan obvio y sencillo tiene importantes implicancias no sólo en la desigual calidad de la atención de salud o rentas recibidas, sino también en la forma en que nosotros comprendemos la sociedad y, en definitiva, a nosotros mismos.

No está demás recordar que este sistema también contribuye a consolidar la enorme desigualdad social que existe en Chile.

Muchos de los sistemas de salud y pensiones del mundo funcionan sobre dos principios solidarios muy elementales: i) quienes tienen más contribuyen a financiar una atención de salud digna de quienes tienen menos, y ii) las generaciones más jóvenes contribuyen a financiar pensiones dignas a las generaciones mayores. Solidaridad social y generacional.
Estos principios básicos de solidaridad permiten que los miembros de esas sociedades tiendan a sentirse como iguales o, al menos, como corresponsables del buen funcionamiento del todo y no sólo de sí mismos y sus más cercanos.
Visto así, el "sistema de capitalización individual" no es, como se piensa, una posibilidad más de acceder a salud y pensiones. Es también una forma de instalar en el centro de la sociedad mecanismos estructurales de segmentación social, a partir de las necesidades más elementales de los seres humanos.

Además, en los momentos de la existencia en que probablemente más se necesita una solidaridad social sólida y estable: en la enfermedad y en la vejez. Sobre todo si se es pobre.

Para cambiar el "modelo de capitalización individual" de Isapres y AFP's no basta con introducir un "pilar solidario". Requiere mucho más que apuntar a que los más pobres tengan acceso a una cama en alguna posta de salud o a una pensión mínima.
Cambiar el modelo significa transformar la manera de pensarnos y dejar de creer que para estar seguro en la enfermedad y en la vejez basta con que a uno le vaya bien. Es empezar a entender que para tener esa seguridad, es importante que también el vecino la tenga. Y que si en algún momento de la vida a alguien le va mal, tendrá de respaldo no la caridad circunstancial, sino la solidaridad permanente del resto de la sociedad.
En el fondo, es empezar a pensar cómo hacernos socialmente responsables de nuestro propio desarrollo.