Reforma de Educación Superior y Acreditación de Calidad

Implementar la Reforma de Educación Superior será en muchos aspectos – qué duda cabe – un gran problema, tanto para el Estado como para las universidades.

Habrá que crear nuevos organismos públicos y generar un sinfín de reglamentos. También existirán más exigencias de informar, de reestructurar los sistemas contables, de calcular vacantes y aranceles, de formalizar los vínculos con personas relacionadas, entre otras.

Hay un aspecto, sin embargo, en que la Reforma puede ser una gran oportunidad: en la reformulación del sistema de aseguramiento de la calidad y los procesos de acreditación.

Descontando los escándalos de corrupción y algunas actuaciones ambiguas de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), dos me parece que son los principales problemas. Por una parte, las dimensiones que ha tomado esta operación y, por otra, su carácter eminentemente auditor y administrativo.

El modelo vigente, basado en acreditación institucional y de programas de pre y post grado, ha adquirido proporciones elefantiásicas. Sólo a nivel universitario, desde el año 2000 a la fecha, se han realizado más de 200 procesos de acreditación institucional, casi 2.800 de carreras de pregrado y cerca de 1.700 de postgrado y especialidades médicas. En costos directos esto ha significado a las instituciones unos 25 mil millones de pesos. A ello se debe sumar el contingente profesional y técnico necesario (y creciente) para coordinar estos procesos. Y, más grave aún, la cantidad de horas que profesores y profesoras deben destinar a actividades secundarias, como ésta. En otras palabras, la acreditación se ha vuelto mucho más una función de la economía, que de la educación.

La forma como se han conceptualizado e implementado estos procesos, en tanto, ha sido crecientemente burocrática y administrativa. Pautas normadas al detalle, preguntas estándar y especies de listas de chequeo de actividades y procedimientos, han reemplazado a un análisis focalizado de contenido y pertinencia. De continuar así, los pares evaluadores ya no serán necesarios. Bastará con que un técnico auditor vaya a verificar en terreno el grado de cumplimiento de las prescripciones que la CNA haga.

La futura Ley establece la reformulación de la CNA y la creación de criterios y estándares para acreditar, que deberán ser definidos por ésta, con consulta a comités de expertos y a las propias instituciones.

Esta es una oportunidad única para avanzar hacia un sistema nuevo, que conceptualice los procesos de acreditación de una forma que sean efectivamente útiles a la calidad de la educación y no sólo a la reproducción de lógicas y aparatos administrativos, o a la economía.

Por supuesto, no se trata de cuestionar el rol que la CNA ha jugado en un contexto educativo casi completamente desregulado, donde el abuso y la precariedad fueron norma en un extenso sector. Pero el sistema de educación superior chileno ha cambiado desde 1999 a la fecha. Muchas instituciones han adquirido una complejidad que hace innecesario seguir yendo a verificar si cuentan con salas de clase, biblioteca o tienen organigrama.

Es de esperar que se avance hacia un sistema que, primero, se base en una clasificación de universidades. Luego, priorice una evaluación focalizada y centrada en el contenido y la pertinencia del trabajo desarrollado. Y, por último, no impulse la reproducción y expansión de aparatos burocráticos al interior de las universidades, que se transformen en réplicas a escala de la CNA.

--> Como señalé al comienzo, ésta es una gran oportunidad de cambiar la mirada, que espero sepan aprovechar quienes implementen este aspecto de la ley. Sobre todo, porque no volveremos a tener una opción como ésta sino hasta dentro de muchos años.